El “uniformado” en la pista de aterrizaje, pieza clave en el envío de armas a Bolivia

El expediente avanza en una dirección que compromete particularmente a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich como responsable de Gendarmería y al expresidente Mauricio Macri en su rol presidencial. Ambos imputados ya designaron abogados defensores.

La justicia en lo Penal Económico ya cuenta con un documento que puso nombre y apellido al gendarme que habría estado a cargo de recibir el avión Hércules C-130 que aterrizó en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 en el aeropuerto del Alto (La Paz, Bolivia) con un comando Alacrán de la Gendarmería Nacional y, según se sospecha, con las municiones antitumulto que constituyen ahora el eje de la causa por supuesto contrabando.

El nombre de Adolfo Héctor Caliba, comandante de Gendarmería Nacional, fue aportado al expediente en un documento elaborado por el Ministerio de Defensa que cuenta con la declaración de un capitán de navío que reconstruye con importantes detalles la llegada del Hércules a Bolivia en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.

El expediente avanza en una dirección que compromete particularmente a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich por haber sido la autoridad política a cargo de la Gendarmería cuando ocurrieron los hechos y al expresidente Mauricio Macri. Ambos imputados ya designaron abogados defensores para la causa que en principio habían querido tachar de inventada.

El “uniformado”. el comandante Caliba, fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en aquella madrugada; según surge del informe que ya tienen en sus manos el juez Javier López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial.

Caliba es también quien, el 17 de noviembre de 2019, le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, para informar sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto encabezado por juez Javier López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial.

En esa nota reconstruyó, además, una reunión convocada por la conducción de la policía boliviana de la que había participado ese mismo día: “El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición”, señaló.

Quienes siguen el expediente sospechan que Caliba es el “uniformado” al que se refirió días atrás el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, quien en una entrevista con el diario Página/12 afirmó que lo tenían extraoficialmente identificado pero que estaban aún buscando grabaciones y documentación oficial.

Del informe elaborado por Defensa que ya está en manos de la Justicia surge también que el vuelo del Hércules C-130 estaba previsto para el mediodía de 12 de noviembre de 2019, pero que finalmente se demoró unas doce horas sin que se especificaran los motivos.

¿La demora tuvo que ver con la decisión se enviar a Bolivia las 70.000 municiones antitumulto y otro material represivo encontrado en ese país además de aquello supuestamente necesario para proteger la Embajada argentina en Bolivia y la residencia del entonces embajador Normando Álvarez García? La pregunta está instalada en el expediente.

El informe reconstruido por esta agencia da cuenta de los documentos que autorizaban el ingreso a Bolivia del comando Alacrán con sus pertrechos, pero en ningún caso deja constancia de la internación en ese país de un cargamento antidisturbios como el que fue encontrado en un galpón de la policía boliviana, y agradecido por la Fuerza Aérea de ese país.

Esta semana, además, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entregó al presidente Alberto Fernández un primer informe sobre las actividades desarrolladas por los dos agentes destacados en Bolivia durante el gobierno de Cambiemos.

Uno de los agentes permaneció en Santa Cruz de la Sierra durante los días en los que ocurrió el golpe y el otro, ya jubilado, estaba en La Paz y volvió unos dos meses antes de que se consumara.

Un dato que sí surgió de los relevamientos de la actividad de la inteligencia argentina en Bolivia es que el 4 de noviembre de 2019 el dirigente opositor a Evo Morales, Luis Fernando Camacho, pidió asilo al cónsul argentino en Santa Cruz si fracasaba el golpe de Estado en ciernes al que se refirió como un “insubordinación civil”.

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